Las claves del pacto PSOE-Ciudadanos

El líder de ciudadanos estableció el pasado miércoles cinco puntos clave para un posible pacto con el PSOE una semana antes del debate de investidura. Albert Rivera exige la supresión de la figura de los aforamientos, facilitar las iniciativas legislativas populares, la despolitización de la justicia; la supresión de las diputaciones y limitar los mandatos a ocho años para el presidente del Gobierno.

Albert Rivera en la rueda de prensa donde daba a conocer las líneas rojas de la negociación

Reducción de la figura de los aforamientos

La ventaja judicial de los aforados es un tema a la orden del día, sobre todo por el incipiente aumento de la corrupción que está sufriendo España en los últimos años. Se exige que no haya privilegios jurídicos para determinados cargos políticos que por el cargo que ocupan no son juzgados por tribunales de primera instancia sino por el Tribunal Supremo. De esta manera, el procedimiento para la imputación de estas personas es más complicado que el de la gente común. En España hay más de 10.000 aforados, una cifra muy significativa en comparación con otros países como Francia o Alemania en los que solo una o dos personas gozan de este privilegio. De ahí que los partidos que hablan de regeneración democrática exijan un cambio en la regulación de estas personalidades.

Reducción de las firmas de las Iniciativas legislativas populares

Este mecanismo recogido por la constitución permite la participación directa de los ciudadanos en la vida política. Cualquier ciudadano podrá utilizar este recurso para promover iniciativas de ley que se tomarán en cuenta por la cámara legislativa correspondiente. Las propuestas deben estar respaldadas por 500.000 firmas según la ley vigente, por lo que se exige que este número se reduzca a 250.000 para facilitar el acercamiento de los ciudadanos en la vida pública.

Limitar los mandatos a ocho años para el presidente

En España no hay ninguna ley que limite los mandatos para los cargos públicos, pero los Estatutos de partidos como Izquierda Unida y PSOE ya recogen estas limitaciones.

Despolitización de la justicia

Rivera pide “una reforma Constitucional para hablar de los mecanismos de elección de los jueces que en España se han politizado en los últimos años” y también que se incluya una reforma en el ámbito judicial para garantizar la independencia de los jueces con respecto al poder político. Estos se elegirán mediante oferta pública en la que no podrá participar ninguna persona que haya desempeñado un cargo público electo en los dos años anteriores.

La supresión de las diputaciones

Este se ha convertido en el punto crítico de las negociaciones. Las diputaciones son los órganos de gobierno de las provincias que suministran servicios a los pequeños municipios que por sí mismos no podrían desarrollar como es el agua y los residuos. En el comunicado Rivera asegura que “no es un tema sencillo para los viejos partidos”. Esto se debe a que son una fuerza política importante para el PSOE que controla 18 de las 38 diputaciones existentes. Esta medida no es novedosa, puesto que el PSOE ya había discutido su supresión durante el mandato de Rubalcaba, pero la mayor parte del partido se negó a ello.

El debate lleva años encima de la mesa, se critican duramente los grandes presupuestos destinados a estas instituciones, que adquieren competencias de otros organismos como las comunidades autónomas y que su función es realizada por otras entidades como las mancomunidades. Estas últimas, o un consejo de alcaldes, serían los sustitutos que cumplirían con las funciones de las diputaciones para garantizar los suministros y la igualdad de los españoles. Esta reforma de la administración permitiría reducir el gran gasto de estos organismos que cuentan con un presupuesto para este año 6.400 millones de euros.

El líder del PSOE ha aceptado la propuesta de manera inmediata. Aunque se ha firmado el acuerdo, el futuro de la alianza prende de un hilo puesto que no cuentan con los apoyos necesarios para formar gobierno. El éxito depende de las otras dos formaciones principales PP y Podemos, que con su abstención o apoyo permitirían la investidura de Sánchez, sin embargo, ya han manifestado públicamente que no darán su apoyo a este acuerdo.

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